¿Impeachment, golpe o crisis del personal político?
La salida de Dilma es solamente el punto de partida de una crisis política cuyo fin no se avizora todavía. En los hechos, Dilma queda apartada de su cargo por hasta 180 días, asumiendo su vicepresidente Michel Temer hasta la finalización del juicio.
Si el Senado la encuentra culpable, Temer continuaría en el cargo hasta el 2018. Sin embargo, este personaje está sospechado por irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral, a lo que debe sumarse que el magistrado de la Suprema Corte, Marco Aurelio Mello, ordenó la apertura del juicio político por el mismo delito que se le imputa a Dilma.
Si Temer, en consecuencia, es destituido antes de fin de año, debería llamarse a elecciones anticipadas. En caso de que el juicio suceda después de fin de año, solo los miembros del Congreso votarán a un sucesor hasta el 2018. Durante el tiempo que lleve elegirlo, la presidencia sería ejercida por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que también está procesado por corrupción, cobro de sobornos y por poseer cuentas ocultas en el extranjero, además de estar involucrado en los Panamá Papers.
Es decir, si cae Dilma, caen, en un efecto dominó, quienes la voltearon.
Ahora bien, ¿estamos ante un golpe de Estado contra Dilma? Por supuesto que no. La separación de un mandatario a través de un juicio político no es un golpe. La noción de “golpe de Estado” supone la remoción de un gobierno con medios por fuera de lo legal y, generalmente, remite a un cambio de régimen.
Los opositores al “golpe” fundan su defensa del gobierno PT en la suspensión del orden constitucional, al solo efecto de vulnerar los derechos democráticos más elementales de la clase obrera y la persecución abierta a sus organizaciones. No es este el caso. El juicio político está contemplado en la Constitución. Quienes inician el proceso son partidos republicanos constitucionales, como el PMDB y el PSDB, que no deben ser confundidos con el fascismo. Más aún, el PT ha gobernado Brasil en alianza con uno de ellos durante todos estos años. No está planteada ninguna avanzada represiva, ni hay por el momento ninguna amenaza real al orden capitalista.
Es completamente legítimo que las masas le exijan al gobierno su salida si no cumplió con lo que prometió. Que la oposición se haya apoyado sobre eso, no anula el reclamo. Y es que, en términos políticos, estamos ante una crisis en la relación del representado (la clase obrera) y el representante (personal de la burguesía). En Brasil, el representando le está exigiendo al representante que rinda cuentas o que se vaya.
