EN MEDIO DE LA TORMENTA
El recambio es inescindible de la crisis política que atraviesa el país. En 2019, Jair Bolsonaro asumió la presidencia con la promesa de liquidar la corrupción de los partidos tradicionales, pero al poco tiempo congeló este tipo de causas y comenzó a hacer exactamente lo contrario. Además de proteger a sus hijos, acusados de organización criminal, malversación de fondos y lavado de dinero, Bolsonaro desarticuló la Operación Lava Jato y facilitó la amnistía de diversos empresarios y políticos, incluyendo al propio Lula da Silva.
Desde entonces, ante el progresivo aislamiento político y en medio de una situación sanitaria sin precedentes, Bolsonaro se ha vuelto cada vez más dependiente del Centrão, un bloque informal de partidos que tiene mucho peso a nivel local y controla un importante número de bancas en el Congreso. Al igual que todos los gobiernos precedentes, Bolsonaro se dispuso a negociar con este espacio no solo porque facilita la aprobación de las medidas que promueve, sino también porque lo sostiene en su propio cargo, toda vez que controlan la presidencia de la Cámara de Diputados, el puesto que define la tramitación de un eventual impeachment.
Este es uno de los elementos que explica los movimientos ministeriales recientes. A cambio de su apoyo, además de exigir un freno a las causas de corrupción, los partidos del Centrão piden favores y cargos en el gabinete. En el último año, ello les ha permitido que Bolsonaro ceda al menos tres ministerios y decenas de otros cargos ubicados en los segundos y terceros escalones del gabinete, el Congreso, las empresas estatales y diversos organismos púbicos.
Pero eso no es todo. A fines de marzo, el presidente le entregó la Secretaría de Gobierno al Partido Liberal, una de las organizaciones más fuertes que integran el Centrão.Bolsonaro está intentado fortalecer su relación con el partido porque sabe que su apoyo puede perderse en cualquier momento, especialmente después de la recuperación política de Lula da Silva.
Luego de que habilitaran su candidatura, el líder del Partido de los Trabajadores ya ha expresado interés en reeditar su alianza con el Partido Liberal, la misma fórmula que lo condujo a la presidencia en el año 2002. Si no asegura este vínculo, Bolsonaro perderá el apoyo del Centrão y, tarde o temprano, su continuidad en el cargo será interrumpida.
Frente a esta situación, el presidente busca disciplinar a sus funcionarios, al tiempo que intenta construir una base más sólida en el propio aparato estatal, especialmente en las Fuerzas Armadas. La reciente destitución del Ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, así como el inmediato desplazamiento de toda la cúpula castrense, expresan la debilidad del actual presidente, que busca forjar un apoyo firme y abierto dentro de las Fuerzas Armadas, una retaguardia que le asegure un sustento a su gobierno ante la posibilidad de que se profundice la crisis.
Los funcionarios mencionados no estaban dispuestos a ocupar este lugar y, por lo tanto, fueron desplazados. Con todo, es difícil que el presidente logre alcanzar su objetivo. Si bien existe una importante cantidad de militares integrados al gobierno, también es cierto que hay un notable reparo en ofrecerle más apoyo. En medio de la crisis económica, política y sanitaria, es probable que busquen delimitarse de la actual gestión, sobre todo de la figura de Bolsonaro, cada vez más asociada a la corrupción de sus hijos, al Centrão y a la pésima gestión de la pandemia.
En este sentido, el reciente nombramiento de las nuevas autoridades del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea parecen confirmar que el presidente no tiene una tarea fácil por delante.
Ahora bien, este intento de endurecer el régimen no es un aspecto exclusivo del gobierno brasileño. Al otro lado de la frontera, en Bolivia, se asiste a un proceso de características similares, aunque con algunas diferencias. Al igual que Bolsonaro, el gobierno del MAS utiliza la justicia buscando consolidar su poder. No obstante, en lugar de proteger a sus aliados e “indultar” a sus adversarios, la gestión de Luis Arce procede de la forma opuesta.
Pocos días antes de las últimas elecciones, se ordenó la detención de Jeanine Áñez junto a cinco de sus exministros y tres miembros de la cúpula militar que recientemente habían abandonado su cargo. Una vez más, la maniobra expresa la debilidad del gobierno presidido por el MAS, que termina apelando a la justicia para enviarle una señal a sus opositores. Arce y Evo Morales no buscaron castigar a la expresidenta y sus funcionarios, que política y electoralmente tienen poca fuerza.
El verdadero propósito de la operación fue disciplinar a los disidentes dentro propio MAS y amenazar a la oposición que realmente disputar el poder, sobre todo a Luis Camacho y Eva Copa. De uno y del otro lado de la frontera, la debilidad de los gobiernos de Brasil y Bolivia intenta ser combatida mediante un endurecimiento del régimen. Las formas son distintas, pero el contenido es el mismo.
(*) Lic. Martin pezzarini – Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales
