Marina Kabat sobre la crisis habitacional en Buenos Aires, Diario Crítica, 4/8/2009.
Para muchos argentinos, ser dueños de una vivienda propia se ha transformado en una utopía. Incluso alquilar un simple departamento se vuelve un sueño cada vez más lejano. En la ciudad de Buenos Aires, dentro del mercado inmobiliario formal, no se encuentran departamentos disponibles por menos de 700 pesos mensuales. Esto significa que un jubilado con haber mínimo ($ 770) no podrá permitirse ese lujo, y que a una maestra con un cargo o un trabajador con salario mínimo esta renta les insumirá alrededor de la mitad de sus ingresos.
Pero eso no es todo. Las condiciones exigidas para firmar el contrato de alquiler funcionan como un obstáculo adicional. Entre comisión, depósito y adelanto, el potencial inquilino debe estar en condiciones de desembolsar cuatro meses de alquiler a la fecha de firmar el contrato. Si bien ésta ha sido siempre una norma del mercado, el elevado monto de los alquileres lo transforma en un verdadero problema para las familias que hoy buscan vivienda. Finalmente, la exigencia de “ingresos comprobables” deja afuera a los trabajadores en negro, que representan cerca del 40% del total.
En mayo de 2002 entró en vigencia la ley 25.488, que, supuestamente, pretendía facilitar el acceso a los alquileres a la población que no cumplía con los requisitos antedichos. El argumento con que se defendió la reforma fue el mismo que había sido empleado a favor de la flexibilidad laboral. Así como en su momento se aseguró que facilitar el despido de personal era indispensable para incentivar su contratación, se afirmó también que, acelerando los juicios por desalojo, se estimularía a los propietarios a ofrecer las viviendas en alquiler sin tantas condiciones. Naturalmente, al igual que lo ocurrido con la reforma laboral, los beneficios nunca se concretaron. En cambio, el resultado en cuanto a los desalojos fue inmediatamente tangible.
La nueva ley establecía el sistema de desalojo exprés. Iniciada la demanda judicial, se procede al desalojo antes de que el juicio se complete. Es decir, el derecho del inquilino a la defensa en juicio es vulnerado. Primero lo desalojan, luego, si puede, deberá defenderse desde la calle. Merced a esta legislación, entre 2002 y 2008 hubo en la ciudad de Buenos Aires 34.829 juicios por desalojo iniciados en el fuero civil y 4.127 el último año. El 79% de estas demandas es contra inquilinos por falta de pago o vencimiento del contrato.
En situación más precaria aún se encuentran quienes no pueden acceder al alquiler de un departamento. El siguiente escalón al que se desciende es el hospedaje en pensiones o inquilinatos, es decir, casas alquiladas por piezas, generalmente con el baño compartido. Los manuales de historia suelen describir como un hecho del pasado los conventillos que los inmigrantes habitaban a principios de siglo en Buenos Aires, pero, en esta misma ciudad, según el último censo nacional de 2001, 60.000 personas vivían en inquilinatos y otras 55.000 en pensiones, número que seguramente creció de manera significativa con los desalojos de los últimos siete años. A pesar de las lamentables condiciones en que se encuentran, las pensiones no son nada baratas. En un relevamiento en los barrios de Congreso, Once y Flores realizado por un equipo de investigadores del Taller de Estudios Sociales del CEICS, se comprobó que el valor mínimo de una pieza sin baño privado para un matrimonio sin hijos no baja de $ 600 mensuales. Significativamente, la mayoría de los hoteles consultados no contaba con disponibilidad, ya que todas sus habitaciones estaban ocupadas. Una modalidad particular que ha crecido en las últimas décadas refiere a hoteles que funcionan como geriátricos ilegales o “truchos”. Esto se explica por la imposibilidad de muchos jubilados de alquilar un departamento. Según la Defensoría de la Tercera Edad y la Unión de Geriátricos Privados, en Buenos Aires funcionarían cuatrocientos geriátricos ilegales, con un promedio de ocho o nueve personas cada uno, lo que equivale a un total de 3.000 ancianos que habitarían en ellos.
Una respuesta al aumento de los alquileres ha sido el éxodo a provincia, pero ya no alcanza con cruzar la General Paz. El alza de las rentas ha afectado también al conurbano bonaerense. Por eso, para obtener un techo económico es preciso trasladarse al segundo cordón. Allí, en ciertas condiciones es posible alquilar una vivienda a un costo menor que el de una pensión en capital. A modo de ejemplo, dos ambientes en Virrey del Pino (partido de La Matanza, a dos horas de viaje a Once) se arriendan por 300 pesos. Pero una persona que trabaje en Buenos Aires no gasta menos de $ 182 mensuales en colectivo y pierde en ese mismo plazo más de tres días completos (ochenta horas) en la tortura del transporte cotidiano. Tiempo al que debería añadirse el empleado en la odisea de conseguir las monedas necesarias, bien todavía más escaso en provincia que en Capital. En el caso de que los miembros de la familia que realizan este viaje fueran más, la pensión céntrica vuelve a resultar más económica.
Para quienes no pueden pagar un hotel la última opción son las villas de emergencia, donde una pieza de tres metros cuadrados, sin baño privado puede alquilarse a 350 pesos. No sólo es más económico que una habitación similar en pensión, sino que no se paga por persona. Esto abarata su costo para las familias con hijos, pero favorece un mayor hacinamiento. Con todo, no cualquiera puede afrontar este gasto fijo. Éste será demasiado para un cartonero o para personas que dependen de changas eventuales.
El cartonero necesita trabajar en la ciudad de Buenos Aires, donde puede obtener más cantidad de cartón en las mismas horas de trabajo, algo central con el descenso del precio del cartón de este último año. Su ingreso, un promedio de $ 450, no le permite siquiera alquilar en una villa. Por esta razón, junto a la eliminación del tren blanco, han proliferado los asentamientos, cuyas condiciones habitacionales son mucho más precarias que las de las villas. En algunos, como el de Garay y Rincón, cercano al predio del Garrahan, el material de sus viviendas se reduce a cartón y nailon. Los cartoneros de este asentamiento denuncian atropellos de las fuerzas policiales, que les destruyen sus precarias viviendas, que ellos luego deben reconstruir.
El Programa de Atención a Familias en Situación de Calle del gobierno porteño brinda un subsidio no renovable de $ 450 por seis meses a quienes acrediten haber sido desalojados. Si se tienen en cuenta los datos ya citados, se observará que el subsidio no cubre siquiera el costo de una pensión. Durante 2006 este programa subsidió a 4.146 hogares. Sólo en el primer semestre de 2007, los beneficiarios ya eran 3.657, lo que demuestra el agravamiento de la situación de la vivienda. A partir de que estas cifras fueran incluidas en un informe de la Defensoría del Pueblo, no se han vuelto a hacer públicos estos datos. Sin embargo, otros indicadores pueden acreditar la situación actual. Según Médicos del Mundo, en junio de 2009, 11.000 personas se encontraban en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, lo que representaba un aumento del 10% sobre sus estimaciones de diciembre de 2008.
A pesar de estas cifras, y de las recurrentes denuncias por la muerte de personas en situación de calle durante la ola de frío polar, el gobierno porteño planea ampliar los desalojos, pues ha decidido desmantelar el sistema de “hotelados”. Este programa, que es anterior al que se encuentra en vigencia, pagaba hoteles o pensiones a personas sin techo. Hoy las cerca de trescientas familias que sobrevivieron a los sucesivos intentos de erradicar el subsidio se encuentran en estado de movilización, acompañados por organizaciones sociales y partidos de izquierda, pues se resisten a pasar el invierno en la calle.
