Nicolás Villanova sobre la vivienda y los juicios de desalojo en la Justicia porteña, en Sur Capitalino, marzo de 2014
El aumento del precio en las viviendas afecta cada vez más a los trabajadores. El costo de los alquileres se incrementa al ritmo de la inflación general.
¿Qué sucede con la fracción más pauperizada de la clase obrera? ¿A qué tipo de vivienda puede acceder un cartonero, un trabajador en negro o un maestro sin antigüedad con un solo cargo? ¿Y un jubilado que percibe el haber mínimo? Para estos obreros, el mercado inmobiliario ofrece muy poco y en condiciones precarias: una casita en alguna villa, una pensión u hotel familiar o un departamentito en una zona barata. Aún en estos casos, el precio de los alquileres impacta sustantivamente en la capacidad adquisitiva.
Un relevamiento realizado por el Taller de Estudios Sociales del CEICS en la Ciudad de Buenos Aires muestra que entre julio de 2009 y enero de 2014, antes de la devaluación, el incremento del alquiler en una casilla de 3 x 3 metros sin baño compartido ubicada en una villa fue del 160% (hoy cuesta 900 pesos promedio). Mientras que el alquiler en una habitación de un hotel familiar para un matrimonio sin hijos (2.200 pesos) o en un mono-ambiente ubicado al sur de la ciudad (2.355 pesos) aumentó más del 200%. Es decir que, en cuatro años y medio los alquileres se incrementaron en un 56% anual. El cuadro que ilustra esta columna muestra qué porcentaje del salario destinan los sectores más pauperizados de la clase obrera al alquiler de viviendas. Tal es el impacto en los salarios y las dificultades de alquilar, que la justicia porteña acumuló, entre los años 2002 y 2012, un total de 48.589 juicios de desalojo sea por falta de pago, por vencimiento del contrato o por intrusión. Sólo durante el 2012, la cantidad de juicios sumó 3.135. Por ello, no sorprende que las ocupaciones de predios se hayan convertido en algo habitual a lo largo y ancho del país. En efecto, la problemática habitacional no ha sido resuelta ni por el gobierno nacional ni por el macrismo. Por este motivo, quienes deben recurrir a estas acciones para obtener una vivienda han comenzado a organizarse y a buscar una solución con sus propias manos, como por ejemplo, los habitantes de la villa 31 quienes cortaron las calles para reclamar el acceso a una casa, luego de haber sido desalojados de un predio por el accionar policial y la Gendarmería.