Todos somos conscientes que la pandemia, hoy día, tiene una solución: la vacuna. El gobierno argentino podría habernos ahorrado pasar por el trance de conseguir vacunas en un mundo con producción insuficiente si en lugar de la improvisación constante, hubiera destinado tempranamente los recursos necesarios al desarrollo de una vacuna argentina. Podría haber aprovechado capacidades con las que el país cuenta, como instalaciones, conocimiento y, sobre todo, recursos humanos muy calificados para ello. Ejemplos como los de Cuba, con cinco proyectos en marcha (uno ya en fase 3) o Brasil, con 15 proyectos, muestran que la vacuna no es accesible solo a los países centrales. Estados con menores recursos que la Argentina han avanzado en un terreno en el que aquí estamos en pañales.
Actualmente en el país están en marcha al menos cuatro proyectos de vacunas, todos en fase pre clínica. El proyecto de los equipos de investigación de CONICET y la Universidad de La Plata, que busca desarrollar una vacuna a partir de fragmentos de la proteína S del virus; el de CONICET y la Universidad de San Martín, que trabaja en una vacuna en base a proteínas recombinantes; el de la Universidad Católica de Córdoba, en colaboración con la Universidad Federal de San Pablo (Brasil) y la Sorbona (Francia), que están desarrollando una vacuna en formato de pastilla; y el del Grupo de Nanomedicina Veterinaria de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA que apuestan a una vacuna basada en nanotecnología. De estos proyectos solo algunos consiguieron un muy escaso financiamiento oficial, mientras que otros continúan adelante con el aporte de laboratorios privados. El problema es que para avanzar a los ensayos de la fase clínica, el financiamiento debería ser muy superior al que hasta ahora el gobierno ha destinado.
¿Financiar estos proyectos en la Argentina es algo imposible? Según un estudio de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations publicado en The Lancet, la fase 2 de los ensayos clínicos puede costar por encima de los 1.000 millones de dólares. Se estima que vacunas como la de Pfizer y AstraZeneca tuvieron una inversión superior a 2.000 millones de dólares. Al comparar estas cifras con la inversión que promociona el gobierno argentino, no parece que las intenciones de obtener una vacuna local fueran serias. Recientemente el gobierno anunció que destinará 400 millones de pesos (algo más de 4 millones de dólares) para continuar con el desarrollo de vacunas en fase preclínica y para dos convocatorias más (estrategias de inmunización y secuelas de la enfermedad). Lo que van a ofrecer es una cifra ínfima en relación a lo que se requiere.
Sin embargo, al observar lo que la Argentina recauda y lo que gasta en otros rubros, destinar esas cifras al desarrollo de una vacuna no parece inaccesible. Por ejemplo, este año ingresarán al país unos 8.000 millones de dólares por encima de lo que ingresó el año pasado por exportaciones agropecuarias. Con solo una fracción de ello podrían financiarse una o dos vacunas. ¿En qué está usando el gobierno el dinero extra que está ingresando por exportaciones? En emitir LELIQs para planchar el dólar, por ejemplo, algo que quienes hoy son funcionarios criticaban cuando lo hacía Macri denunciando la “fuga de divisas”. El gobierno también ha destinado cuantiosos recursos a subsidiar, por ejemplo, a productores agropecuarios. Los 4.400 millones de dólares que recibirá del FMI para luchar contra la pandemia se van a destinar a pagar los vencimientos de deuda del propio FMI. De los 307 mil millones de pesos que se recaudarán por el “impuesto a las grandes fortunas”, un 45% se destinará a subsidiar pymes y empresas gasíferas.
Recientemente el rector de la Universidad de San Martin declaró que si aparece el financiamiento, podrían tener una vacuna en un año. Y que solo necesitan 12 millones de dólares para culminar la fase clínica. No se trata de cifras imposibles en un país con las riquezas de la Argentina. Y las ventajas serían enormes. Una vacuna local permitiría ahorrar mucho dinero en la compra y el traslado de vacunas desde el exterior (solo en la Sputnik V se gastaron más de 3 millones de dólares en transporte). Además, permitiría desarrollarla en base a las cepas que circulan en el país y adaptarla a ellas en caso de ser necesario. Y podríamos contar con vacunas suficientes para toda la población en caso que hubiera que volver a vacunar año tras año. Por último, y no menos importante: colocaría a la Argentina como proveedor mundial de vacunas, en lo que puede ser la base para el relanzamiento de una economía quebrada. Pero el problema es político: un gobierno que prefiere (como todos los anteriores) destinar los recursos con que contamos a sostener a capitalistas en lugar de ponerla en el cuidado de la salud de la población. Un gobierno sin la menor previsión, incapaz de pensar más allá de la coyuntura, que no puede siquiera aprovechar una oportunidad única para relanzar la economía porque privilegia los negocios de los empresarios amigos como Sigman.
Gonzalo Sanz Cerbino es investigador de CONICET
