Luego de la aprobación del decreto presidencial por el cual las personas que se identifican a sí mismas como no binarias pueden solicitar que se coloque una X donde se anota F (si es mujer) o M (si es varón) se produjo una polémica cuyos efectos no solamente no han cesado, sino que tienden a extenderse y profundizarse. Uno de los polos de esta polémica considera que estas medidas forman parte de la cosmética progresista del gobierno, del “relato”, esa máscara que el kirchnerismo ha sabido utilizar tan astutamente. Sería, según esta perspectiva, una maniobra tendiente a la búsqueda de rédito político, en particular en época electoral, sobre todo teniendo en cuenta que este último decreto afectaría a pocas personas. Sin embargo, no estamos frente a una medida inocente y sin consecuencias: no es inocente, porque, en efecto, está en el marco de una campaña electoral en la cual la bandera de la “ampliación de derechos” es lo único que el oficialismo tiene para mostrar y, además, esta ley tiene consecuencias que, previsiblemente, se irán ampliando si este delirio proliferante de la negación de la realidad no se detiene de una vez.
Considerando que la Ley de identidad de género de 2012 es el puntapié inicial de estas políticas identitarias, se han sancionado una serie de normas que se inscriben en el marco de dicha ley. Hay una tendencia a profundizar la legislación por la cual la diferencia sexual se elimina de los registros y deja de tener relevancia social. Desde la eliminación (inocua si fuera una medida aislada, pero que apuntala simbólicamente la tendencia) del número prefijo del CUIL, hasta los cupos en los medios de comunicación y la neolengua para designar a las mujeres (que aparece incluso en la Ley IVE) como “personas gestantes”, cuanta legislación se promueve va en el sentido del borrado del sexo.
Recordemos que el sexo es una determinación biológica dimórfica en la especie humana, que no puede eliminarse ni anularse, en tanto que la sexualidad es el ejercicio privado de una actividad (siempre dentro de los límites de la sociedad y la época) y la orientación, también parte del campo de lo privado, refiere a la atracción hacia otras personas. En este sentido, el sexo es el único elemento que debe ser objeto de registro social. Sin embargo, Alberto Fernández expresó, durante la presentación del nuevo DNI no binario, la negación de estos conceptos: “Este es un paso que espero que termine el día en que en el DNI a nadie le pregunten si es hombre, mujer o lo que sea. Qué le importa al Estado saber la orientación sexual de sus ciudadanos, no es lo que necesita saber.”, dijo. Una mezcla deliberada que excede con mucho la cosmética. Adicionalmente, en esa misma presentación, dos personas que participaron del evento (una de las cuales recibía su nuevo DNI) manifestaron su disconformidad. De modo tal que tanto hay organizaciones que solicitan del Estado argentino la emisión de documentos (incluso las partidas de nacimiento) ajustados a la identidad de género de cada persona, como legisladores que han presentado proyectos en ese mismo sentido.
En suma, esta decisión registral que se tomó la semana pasada es una tendencia anticientífica, no solamente porque niega la existencia de dos sexos, sino porque se niega a la obtención del conocimiento social. ¿Cómo se realizarán las pirámides poblacionales o cómo se registrarán las tasas de natalidad y mortalidad? Consecuentemente, ¿cuáles serán las herramientas que se dará el estado argentino para llevar adelante políticas de salud reproductiva o cómo se realizarán las investigaciones y estadísticas sobre los efectos en la salud de medicación o enfermedades?
Las consecuencias de esta concepción atomística de la sociedad por la cual se considera que legislar un derecho para un sector no implica en modo alguno un conflicto entre leyes, ni la vulneración de derechos de otros, tendrá su máxima expresión en la conculcación de derechos para la mitad de la población, las mujeres. No sabremos cuántas de nosotras hay en la Argentina, no sabremos si habrá un mamógrafo o anticonceptivos a disposición en los hospitales. Ya debemos compartir baños, vestuarios y cárceles con identidades autoidentificadas como mujeres y cada vez más tendremos que abandonar nuestros espacios en el deporte y la política. Luego de la LIG, el agravante por femicidio ya casi no tiene razón de ser, por eso terminará siendo eliminado del Código Penal, habida cuenta de la desaparición del sexo como base de la violencia. Los hombres no ceden sus espacios. El patriarcado oprimirá cada vez más a las mujeres, que verán en las identidades la disolución de la única determinación que las sometió históricamente: la forma en la que las sociedades de clase organizan la reproducción humana.
Lamentablemente para las mujeres, estas medidas no son puramente cosméticas.
No hay maquillaje suficiente que pueda ocultar tanta barbarie.
