La decisión de suspender las clases presenciales en la zona del AMBA no puede ser interpretada por fuera de la agenda de prioridades electorales por parte del personal de gobierno. No lo hicieron ni en defensa de la vida (y de la salud) ni mucho menos de la educación. No lo hacen por convicción sino por temor. Primero provocaron las cifras de contagio actuales con la apertura de escuelas. Luego, intentaron convencernos de que los aumentos de casos no guardaban relación con las mismas. Finalmente, tomaron una decisión acotada que supedita el qué hacer a la voluntad de cada gobernador. Una medida que debería ser federal si realmente interesara la educación y la vida de millones.
Pese al anuncio oficial, hasta el momento ni Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Río Negro, Salta, San Juan, La Pampa, Misiones, Neuquén, Jujuy, Tierra del Fuego y Chubut proponen adherir a la suspensión de clases. La Ciudad de Buenos Aires adelantó que acatará en general, pero judicializará el ítem escuelas. Catamarca había resuelto la suspensión general de clases horas antes del anuncio oficial, medida que generalizó una decisión tomada para cuatro departamentos de la provincia en los días previos.
Lo cierto es que el gobierno se ve encerrado en el mismo pantano que creó. Solo unas horas antes de que se produzca el anuncio oficial, la ministra de salud, Carla Vizzotti pedía a las familias que salieran a la calle para trabajar o llevar a sus hijos a las escuelas y el propio ministro de educación, Nicolás Trotta, afirmaba que, gracias a los protocolos, las escuelas eran lugares seguros. Desmintió también el cierre de escuelas cuando reunido con sus pares provinciales afirmó «no podemos comenzar las restricciones cerrando las escuelas».Cierto es que Kicillof no actuó muy diferente y también abrazó la presencialidad. El fin de semana cuando se filtró que le había dado facultades a Agustina Vila, la directora general de escuelas, para suspender la presencialidad, tuvo que desmentirlo y lo propio hizo Trotta. Habiendo instalado que las escuelas no contagian ahora no pueden colocar al resto de las provincias detrás de una medida oficial.
El principal problema es que esa posición se construyó sobre la negación de la evidencia. Por un lado, lo más obvio: en la provincia de Buenos Aires entre el 1 de marzo, fecha oficial de inicio del ciclo escolar, y el 15 de abril, la cantidad de casos positivos de covid pasaron de 2.004 a 12.891. El porcentaje de contagios en niñas y niños de entre 3 y 13 años, en la provincia, si comparamos semanas previas al inicio del ciclo escolar con los niveles de contagio al 11 de abril crecieron 256%, es decir, se enferman tres veces y media más que antes de la presencialidad. Con esos números, la provincia superó a la Ciudad que inició las clases quince días antes. Además, segúnlos datos oficiales del Ministerio de Salud al 11 de abril, la cantidad de contagios de la población de entre 6 y 18 años en todo el país no para de crecer a partir del 10 de marzo, en sospechosa sintonía con el inicio de las clases. Ya los primeros días de abril, los casos en esa población duplicaron los valores registrados hacia fines de diciembre (en el marco de las reuniones por las fiestas) y durante las vacaciones de verano. Por otro lado, la tasa de positividad en infantes, de entre 10 y 19 años, hoy es idéntica a la de la población adulta de entre 30 y 39 años. Lo dicho sin considerar el efecto multiplicador de las escuelas. Aún si sostuviéramos que la tasa de contagios en escuelas es el 1%, el número hay que colocarlo en relación a más de 14 millones de alumnos y docentes, que deben ser multiplicados por su familia, multiplicados por con quienes se hayan cruzado en transportes colapsados y sus familias y con quienes esos otros se hayan cruzado. No por nada, estudios médicos en la revista Nature afirmaban que el cierre de escuelas era la segunda medida más eficaz en medio de una pandemia.
Este cierre parcial de escuelas no fue realizado para garantizar el cuidado de la vida. Si así fuera, tendría alcance nacional. En la provincia de Buenos Aires, esa medida fue conquistada por la docencia en lucha. Fue la energía de todas esas maestras que están hoy preocupadas por la vida, que se cruzan a diario con los contagios y que entendieron que, sin vacunación masiva, la presencialidad en pandemia mata. El peligro de un estallido social motorizado por un desborde sanitario forzó al gobierno a tomar una decisión que no estaba en su agenda. Pero hay que avanzar para conquistar todo lo necesario para sostener la educación remota, porque la suspensión de la presencialidad alcance a todo el país y para vacunar masivamente a la población. Éste es el único remedio posible si queremos defender la educación y la vida de todos nosotros.
