LA ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES, ROMINA DE LUCA, OPINÓ PARA TÉLAM SOBRE LA SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ARGENTINA, AL CUMPLIRSE MAÑANA 50 AÑOS DE LA NOCHE DE LOS BASTONES LARGOS.
Por Romina De Luca (*)
El 29 de julio de 1966 es recordado por la irrupción policial en la Universidad de Buenos Aires, la detención de por lo menos 200 estudiantes y docentes (más una decena hospitalizados) luego del violento rodeo y desalojo de las sedes universitarias.
Distintas facultades permanecían tomadas luego de masivas asambleas en Filosofía y Letras, Medicina, Ingeniería, Arquitectura y Ciencias Exactas. El detonante de las tomas fue el pedido de anulación del Decreto 16.912 sancionado por Onganía días atrás que anulaba la autonomía universitaria. «Sáquenlos a tiros, si es necesario. Hay que limpiar esta cueva de marxistas». Esa frase vociferada por el General Mario Fonseca, a cargo del operativo que desalojó la sede de Exactas, resume bastante bien el cuadro de situación de la época.
En realidad, aquella noche del 29, fue el resultado de un largo proceso de crisis. El gasto público en educación, en la década del ’60 se encontraba estancado. En la universidad ese proceso confluía con una expansión de la matrícula que se acumulaba desde la década anterior. Desde la segunda presidencia de Perón, los ataques a la Universidad se acumularon. Durante el peronismo, el Estado buscó regular la vida administrativa de las universidades y las pautas de cursos, se clausuraron locales de la FUBA, se recortó el presupuesto general y el destinado a la investigación. La Revolución Libertadora (1955) fue recibida con entusiasmo y si bien reestableció la autonomía no tardó en intentar introducir cláusulas que restringían la democratización universitaria junto a mecanismos de discriminación político-ideológica y limitantes en el acceso a la docencia. Durante la presidencia de Frondizi la Cámara de Senadores rechazó algunos de los mecanismos que cercenaban la autonomía universitaria luego de un masivo plan de lucha protagonizado por la FUA y FUBA. En el contexto socio-político de represión trazado por el Plan Conintes, las luchas estudiantiles se prolongaron durante toda la década del ’60 frente a los avances del gobierno en la Universidad y a la pauperización económica que afectaba sus condiciones de vida y de estudio.
Desde su ascenso, el personal político de la autodenominada «Revolución Argentina» manifestó su intención de encarar una reforma integral del sistema educativo. La Universidad fue uno de los primeros flancos de batalla. El 28 de julio se sancionó el Decreto Ley Nº 16.912 que establecía «El gobierno provisional de las Universidades Nacionales». Rectores, presidentes y decanos fueron relegados al cumplimiento de funciones administrativas dependientes del Ministerio de Educación. Era el Ministro de Educación quien asumiría las funciones que el Estatuto Universitario les otorgaba a decanos y rectores. El artículo 8º prohibía además cualquier tipo de actividad política y disolvía los centros de estudiantes. Recordemos que días antes se habían disuelto todos los partidos políticos. La frase de Fonseca, no era más que la repetición una verdad ya dicha por la Revolución Argentina en su toma de posesión del poder: «existía en el país una sutil y agresiva penetración comunista en todos los campos de la vida nacional (…) que pone a la Nación en peligro». La crisis hegemónica atravesaba a la sociedad argentina y se profundizaría luego del Cordobazo. La intervención policial aquel 29 buscaba, en los ojos de las fuerzas que resguardaban el orden de la sociedad capitalista en crisis, restaurar el equilibrio perdido.
La «Noche de los Bastones Largos» es recordada no solo por la ola de represión inusitada sino también por el proceso de exilio de miles de docentes y científicos argentinos (algunos autores hablan de más de 1.300) y la introducción de toda una serie de medidas limitacionistas posteriores en el ingreso, en la introducción de mecanismos de regularidad y de asistencia, entre otros.
Cincuenta años después cabe preguntarse cuáles son las marcas de ese proceso. La autonomía universitaria restaurada no impidió que una pequeña camarilla gobierne los designios de la universidad y de la actividad científica en nuestro país hasta nuestros días. Un pequeño grupo decide qué se concursa e investiga, cuándo y controla distintos mecanismos arbitrarios para «legalmente» dejar afuera a los indeseables. La mayoría de los estudiantes universitarios solo tienen una representación irrisoria en los destinos de la vida universitaria producto de la división en claustros. Operan sobre los estudiantes mecanismos mucho más sutiles de restricción que aquellos del pasado. Para la mayoría, la universidad irrestricta es solo una consigna abstracta. La degradación educativa hace que de cada 10 que inician el secundario, solo 3-4 egresen. La cuarta parte de esos, no alcanzan un nivel de comprensión general de lectura y a la universidad solo accede el 10% de la matrícula educativa. Estos nuevos bastones nos reclaman hoy una intervención urgente que rescate a la sociedad y a la Universidad de la miseria actual.
(*) Dra. en Historia. Especialista en educación del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales-CEICS.