Vivienda: una política muy PRO-Se me fueron complicando las changas y no pudimos pagar más la pieza en donde estábamos -cuenta él.
Ella, mientras tanto, abriga un poco más a los nenes. La tarde se puso fría y hay que cuidar que no se enfermen. Hoy, Matías salió a rebuscárselas y consiguió algunos pesos para la cena. A pesar de que no es el plan que habían imaginado, prefieren estar en la calle antes que en los paradores que les brinda el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
-Hay que hacer mucha cola y encima me separan de ellos –se queja Matías.
Bien firme al lado de su carpa, hay un puesto en el que la administración del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, brinda gratuitamente bicicletas de un amarillo reluciente para descongestionar el tránsito de la Ciudad. Pero todavía ningún representante de su gestión se acercó a ofrecerle ayuda a esta familia.
La tarde va cayendo y se levanta un viento aún más frío. Esta noche, como tantas otras noches anteriores, no será fácil para ellos.
Radiografía de la precariedad
El déficit habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se agravó en los últimos años. Según el informe 2012 del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cerca de medio millón de personas no ve cumplido su derecho a una vivienda digna en la CABA, a pesar de que la protección a ese derecho está estipulada en el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad.
Hoy, en sus 202 kilómetros cuadrados de superficie, hay 26 asentamientos precarios, 16 villas de emergencia, 19 conjuntos habitacionales, dos núcleos habitacionales transitorios, 172 inmuebles tomados, 879 predios en la traza de la ex autopista 3, 21 conventillos, 3.288 familias subsidiadas alojadas en hoteles, 4 hogares de tránsito, 21 viviendas transitorias y 1.950 personas en situación de calle.
A pesar de que las organizaciones sociales que trabajan con este último grupo, como Médicos del Mundo, aseguran que son más de 15.000 (utilizan criterios de medición distintos a los oficiales, dado que, por ejemplo, incluyen a las personas que viven en albergues), Macri cuenta con números bien distintos. Durante la presentación del Plan Prevención del Frío, hace poco más de diez días, el jefe de Gobierno dijo que las personas que viven en la calle son apenas 876, según un censo de noviembre de 2011, y que hay “una tendencia a disminuir”.
Pero la cantidad de personas que van a los paradores lo contradicen. De acuerdo a los datos del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (CEICS), entre 2008 y 2009, hubo un incremento del 6 por ciento en la demanda de alojamiento de emergencia, mientras que el crecimiento anual de 2009 a 2010 se ubicó en el 51 por ciento. Los niveles para este año se mantienen similares.
Es que las políticas habitacionales destinadas a estas poblaciones escasean, o “tienen graves problemas en la práctica”, denunció Romina Faerman, coordinadora de la Oficina de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad, en diálogo con Plaza de Mayo. “La ley de emergencia habitacional fue vetada y hay varios programas oficiales que no se cumplen. Los que más se utilizan son el programa de atención a las familias en situación de calle, creado por el decreto 690, y el de la Ley 341, que es el de los créditos hipotecarios que apuntan a familias que tienen algunos recursos, aunque sean precarios”.
Con respecto al otorgamiento de los créditos hipotecarios que surgen de los fondos destinados al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), Faerman detalló: “Hay miles de personas que los piden y no acceden y otras logran acceder pero las condiciones en las que se asignan esos créditos hacen que sea casi imposible acceder a una casa: generalmente, se dan plazos de reserva menores a los que maneja el mercado, o el monto hace imposible que se compre una vivienda que cumpla con las mismas condiciones que el IVC exige. Entonces, el programa no es accesible y el Estado se desentiende de cómo hacer operativo ese crédito”.
En tanto, el decreto 690 data de 2006 y otorga un subsidio de aproximadamente 1.200 pesos durante diez meses. “En ese tiempo y con ese monto, en el mejor de los casos, la gente accede a un lugar para vivir, pero el tiempo no les suele alcanzar para revertir el problema de fondo. El resultado suele ser que a los diez meses están de vuelta en la calle”, explicó Faerman.
Por eso, muchas familias acuden a la Justicia para pedir que ese subsidio se prolongue por más meses o que el monto otorgado sea mayor. Debido a la alta judicialización de los casos, en 2008, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad dictó una resolución en la que planteaba que esos diez meses de subsidio eran suficientes y que los paradores y albergues que el Gobierno local otorgaba era una respuesta habitacional adecuada.
El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia nacional que, en abril de este año, a partir del caso puntual de una madre y su hijo discapacitado que habían sido desalojados y vivían en la calle, sentenció que las soluciones que ofrece la gestión de Macri son “insuficientes” y no respeta “derechos económicos, sociales y culturales” básicos. Antes de llegar al máximo tribunal, el Gobierno porteño se había negado a dar respuesta a esa demanda en más de una ocasión. En esta instancia judicial, todavía quedan otros 250 casos que esperan una respuesta similar.
Explosión inmobiliaria, un beneficio para pocos
Pero el problema no termina ahí. A pesar del crecimiento en la construcción que se registró en los últimos años, lo cierto es que la última Encuesta Anual de Hogares de la Dirección de Estadísticas porteña da cuenta de que esa explosión inmobiliaria benefició a unos pocos. El 80 por ciento de la construcción iniciada desde 2006 se destinó a propiedades de lujo en los cinco barrios del Norte de la Ciudad, mientras que los números revelaron que cada vez son más quienes viven hacinados y en condiciones precarias.
Según ese informe, el 5,5 por ciento de los hogares, en los que vive el 5,3 por ciento de la población, está en condiciones de precariedad extrema. La situación se agravó desde 2001, a pesar del contexto de crisis que atravesaba el país en ese momento. En ese sentido, en ese año, el 93,2 por ciento de las viviendas presentaba materiales resistentes en techos y pisos y contaba con los elementos de aislación y terminación adecuados. Pero ese porcentaje cayó al 87,3 por ciento para 2010, mientras que, a nivel nacional, según el último censo poblacional, el 82,4 por ciento de las viviendas resultaron aptas, frente al 78,3 por ciento de 2001.
En tanto, el estudio del CELS citado previamente expone que “el total de habitantes de la Ciudad se mantiene estable e, incluso, ha disminuido en los últimos 50 años, pero la cantidad de personas que habitan en villas y asentamientos ha aumentado en la última década: su población duplica la de 2001 y es tres veces la de 1991, mientras que la pobreza urbana instalada en espacios marginales aumentó un 50 por ciento”.
El encarecimiento del valor de los lotes y el aumento en los precios de las propiedades y en los costos de alquiler también limitaron el acceso a la vivienda. Sólo como ejemplo, se puede citar un estudio realizado el año pasado por la subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad que daba cuenta de que, entre 2004 y 2011, el precio de los terrenos aumentó 271 por ciento. Ese aumento incidió entre un 30 y un 50 por ciento en el costo de una construcción y, al mismo tiempo, generó que, hoy, casi la mitad de los habitantes de las villas residan allí mediante alquileres fuera de regla.
“Actualmente, un cartonero, un docente o un jubilado que no tiene su casa, sólo puede acceder a la vivienda de manera informal con alquileres en asentamientos precarios, en condiciones habitacionales poco dignas. La gente está alquilando una pieza de dos metros por tres con baño compartido por 500 pesos en una villa, o los abuelos terminan en una cama en un geriátrico trucho porque no tienen otra opción”, graficó a Plaza de Mayo Marina Kabat, docente de la UBA, investigadora del CONICET y directora del Taller de Estudios Sociales del CEICS.
Las condiciones de vida allí no son las esperables: el 81 por ciento de los habitantes de los inquilinatos viven hacinados, al igual que el 73 por ciento de los residentes en hoteles y el 60 por ciento de los vecinos de las villas. En contraste, según el censo nacional 2010, hay 300.000 viviendas deshabitadas u ociosas en la Ciudad de Buenos Aires, también teniendo en cuenta que la compra de inmuebles es uno de los principales mecanismos de ahorro e inversión en Argentina.
Por eso, para Javier Goldin, economista, asesor de la senadora nacional María Rosa Díaz e integrante de la red HABITAR, conformada por legisladores nacionales y provinciales, organizaciones sociales de todo el país, académicos y especialistas, “las políticas privadas y de mercado no han sabido resolver el déficit habitacional, que se mantiene igual desde hace 30 años. Un tercio de los hogares del país está en situación deficitaria. De ese tercio, un tercio necesita viviendas nuevas y dos tercios necesitan un apoyo para mejorar o terminar sus casas. Pero los lotes se han encarecido tanto que hacen imposible el acceso: en la Ciudad, ninguno baja de los 150.000 dólares”.
Otro dato que revela la desigualdad habitacional: sólo en el Gran Buenos Aires, hay más de 500 clubes de campo que ocupan el doble de la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, viven 250.000 personas, mientras que los habitantes porteños ascienden a 2.891.082.
Tras la huella del Indoamericano
La toma del Parque Indoamericano en Villa Soldati en diciembre de 2010, que terminó con tres muertos, reveló una de las peores caras de la problemática habitacional en la Ciudad.
Un año y medio después, las políticas públicas porteñas no han mostrado un viraje para resolver esa crisis. “Las cosas después del Indoamericano se agravaron. Como respuesta a la toma, a principios de 2011, Macri vetó una prórroga a la Ley de Emergencia Habitacional que destinaba fondos específicos para brindar respuestas al problema. Pero además, durante todo este tiempo, la política oficial ha ido entre el desinterés hacia el tema, al que no toma como prioridad de gestión, y la falta de inversión, porque en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) se ha producido un vaciamiento constante que hace que el problema se trate en siete dependencias distintas”, criticó Rocío Sánchez Andía, legisladora porteña e integrante de la Comisión de Vivienda.
A partir de 2006, las partidas del Presupuesto de la Ciudad destinadas a las políticas habitacionales fueron decreciendo desde el 5,1 por ciento hasta llegar al 2,4 por ciento de 2010. “El 49 por ciento del presupuesto del año pasado fue subejecutado y sólo el 35 por ciento de lo que realmente se invirtió fue destinado a obras. El resto fue para gastos administrativos”, completó Sánchez Andía.
A principios de mes, el Gobierno de la Ciudad presentó una línea de créditos hipotecarios destinado “a que los jóvenes puedan acceder a su casa propia”, según anunciaron las mismas autoridades porteñas. En pocas semanas, se sumaron 40.000 pedidos para los poco más de 3.000 préstamos disponibles. “En última instancia, es una línea de créditos para las clases medias y altas y, dada la gran cantidad de postulantes, van a terminar accediendo las clases más acomodadas, que son justamente las que no están en emergencia habitacional”, evaluó Dan Adaszko, sociólogo e investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
La emergencia habitacional en territorio porteño fue declarada por las leyes 1.408, de 2004, y 2.472, de 2007. El 4 de diciembre de 2008 la Legislatura sancionó la ley 2.973, que modificó a las anteriores y a la que el Poder Ejecutivo le vetó tres artículos, entre ellos, el que suspendía el desalojo de inmuebles con uso manifiesto de vivienda.
En ese sentido, para Adasko, “la Ciudad de Buenos Aires es un lugar donde la política habitacional prácticamente no tiene cabida. Ya sea por el precio del suelo y la vivienda o por la falta de políticas que faciliten el acceso, el habitante queda librado al juego del mercado. En este panorama, desde hace décadas, los pobres son sistemáticamente excluidos”.
Elva Rodríguez conoce el problema en carne propia. El 7 de mayo pasado, la Policía Metropolitana irrumpió con violencia en el Hotel Sur, ubicado en Parque Patricios, en el que vivían 33 familias. Ella pagaba 1.200 pesos por una habitación chiquita y mal iluminada. Los administradores del hotel la estafaron, como a las otras 80 personas que rentaban un lugar en esas instalaciones. Pero nadie les dio tiempo a explicarlo.
-Los policías entraron de la nada y fueron muy violentos. Nos sacaron a los palos, aunque había nenes chiquitos, gente mayor. No nos dejaron sacar nuestras cosas y después pasamos casi dos semanas en la calle –le contó a este medio.
Quince días después, Elva recibió los 12.000 pesos de subsidio estipulados por el decreto 690. Con eso, más las horas que trabaja en Congreso, alcanzó a alquilar una pieza en una casa de familia por la que le cobran 1.500 pesos. Para cuando se termine la plata, sólo espera haber encontrado una solución que no la deje de nuevo a la intemperie.
